Más que una planta fotovoltaica, una infraestructura de procesamiento: El reto de España es transformar sus $22/MWh de coste solar en soberanía tecnológica y capacidad de cómputo para Europa

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La propuesta de Elon Musk de transformar las llanuras españolas en una infraestructura solar masiva no es solo una provocación técnica; es un test de estrés para la autonomía estratégica europea. Al analizar este escenario, uno se debate entre la fascinación por la eficiencia y el escepticismo ante la compleja realidad regulatoria del continente.

La aritmética del sector energético español es, hoy más que nunca, una invitación al optimismo estratégico. Con costes de generación fotovoltaica que ya perforan el suelo de los $22/MWh, el país se encuentra ante una oportunidad histórica: trascender su rol tradicional de importador neto para consolidarse como el nodo energético central de Europa.

Este superávit de energía limpia y barata no es solo un salvavidas para la industria pesada; es el sustrato ideal para el despliegue de un ecosistema de computación de alta intensidad. Mientras los centros de datos, el minado de activos digitales y el entrenamiento de modelos de IA abandonan otras regiones huyendo de costes marginales prohibitivos, España ofrece un refugio de competitividad sin precedentes.

La transformación es clara: exportar electrones es complejo debido a las limitadas interconexiones físicas, pero exportar capacidad de cómputo es inmediato. Al convertir el exceso de radiación solar en capacidad de procesamiento, España no solo garantiza su independencia, sino que se posiciona como la sala de máquinas de la economía digital.

Sin embargo, esta visión choca frontalmente con la arquitectura legal y social del territorio. La transición energética no se decide solo en los despachos de Texas, sino en los juzgados de lo contencioso-administrativo. El «desierto» que Musk cree ver es, en realidad, un complejo tejido de propiedad agraria y zonas de especial protección ambiental. Ignorar que cada acre de panel solar conlleva una batalla legal por la ordenación del territorio es desconocer la idiosincrasia europea.

Al final, el riesgo no es técnico, sino geopolítico. Si se acepta este despliegue masivo sin una infraestructura de almacenamiento escalable y una red robusta, el valor generado será capturado por terceros. El peligro real es convertirnos en una «gasolinera de datos» para potencias extranjeras. La apuesta es crítica: ¿estamos construyendo los cimientos de nuestra propia soberanía tecnológica o simplemente cediendo el suelo para que corporaciones foráneas gestionen el recurso más valioso del siglo XXI? No basta con producir la energía más barata del mundo; el verdadero reto radica en quién posee los servidores que esa energía alimenta.